Interventor toma control de Coopeservidores y congela ¢510.000 millones en ahorros

Hernández Ávila manifestó que, por ahora, las cuentas de los depositantes estarán congeladas hasta terminar el diagnóstico de la institución. El interventor comentó que no considera que utilicen todo el plazo disponible para el proceso, que es de 30 días naturales, pero aún no puede dar una estimación del tiempo que tardará el informe con las recomendaciones.

“En general, todos los depositantes, por ahora, están congelados. La idea sería terminar con el diagnóstico para establecer la mejor solución para la entidad”, comentó Hernández Ávila. En relación con las personas que reciben su salario en esta organización, el interventor aseguró que planean resolver pronto, a más tardar miércoles, para que tengan ese dinero disponible.

En un comunicado enviado por Conassif, la tarde de este martes, se informó de que el interventor autorizó el pago de todas las planillas salariales depositadas este lunes. La cancelación a los trabajadores se haría entre este martes y miércoles, confirmó el entre regulador.

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Conassif indicó que la cooperativa contactará a todas las personas en esta condición y, en caso de que no pueda ubicarlas, emitirá un aviso general para que estos clientes puedan acercarse a la entidad. Como requisito, los asociados tendrán que brindar una cuenta IBAN donde se pueda efectuar la transferencia correspondiente.

Al ser consultado sobre el pago de préstamos a la entidad, el interventor manifestó que las personas obligadas deben seguir cancelando sus créditos por los medios usuales.

La normativa costarricense define que la intervención es una acción que ordena el Conassif cuando el supervisado se encuentra en una situación de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres. José Luis Arce, director de FCS Análisis & Estrategia y exdirector del Conassif, explicó que el propósito de esta medida es proteger a la entidad para evitar que sus activos se deterioren más.

Existen diversos motivos para llegar a esa situación, entre ellos la pérdida considerable de patrimonio, la vinculación con operaciones ilegales o de lavado de dinero, o cuando la entidad administra sus negocios de manera que pone en peligro su seguridad y solvencia. Esta última fue la justificación del Conassif para iniciar el proceso.

Durante este periodo de intervención, que es de 30 días naturales con posibilidad de prórrogas, los miembros de la alta gerencia y la junta directiva dejan de tener control, ya que la administración pasa a manos del interventor, quien toma la dirección de la entidad. En este caso son Hernández Ávila junto con Lillieth Brenes Zúñiga, como interventora adjunta.

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Despidos y diagnóstico

Hernández Ávila confirmó que la semana pasada, antes de que se declarara la intervención, la cooperativa despidió a 66 personas. Indicó que actualmente la entidad cuenta con 629 trabajadores. Sin embargo, según los reportes entregados a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en el último año redujo en 15% la planilla, desde los 740 empleados que registró en mayo del 2023.

Este profesional confirmó que ya tomaron posesión de la entidad tras ser designado como interventor para este caso y añadió que se encontraba presencialmente en la cooperativa. En total, el equipo que hará el procedimiento estará compuesto por nueve personas.

En relación con las acciones tomadas, Hernández comentó que actualmente hacen un diagnóstico de la entidad con el propósito de determinar la mejor solución para la cooperativa y sus ahorrantes. Como parte de las primeras medidas se congelaron las cuentas de los depositantes.

Según los estados financieros de la cooperativa, con corte a marzo de 2024, las obligaciones con el público, las cuales incluyen los depósitos a la vista, a plazo y el pago de intereses, ascendían a ¢509.884 millones. De ese total, ¢471.684 millones estaban a plazo y ¢22.636 millones eran a la vista; el resto correspondía a cargos financieros.

Los servicios que brinda Coopeservidores al público estarán suspendidos mientras se culmina el diagnóstico, aunque Hernández Ávila señaló que es posible que no utilicen todo el plazo establecido por ley. Añadió que el futuro de la entidad intervenida dependerá de la recomendación final que darán cuando termine el procedimiento.

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Según la normativa, los desenlaces posibles son la recomendación de un plan de regularización, que es de acatamiento obligatorio, o, en su defecto, proponer el mecanismo de resolución. Esto último incluye un conjunto de procedimientos y medidas para solventar la situación de una entidad financiera que, luego de ser intervenida, se considera inviable.

Otro de los escenarios posibles es la aplicación de algún mecanismo de venta, absorción total o parcial por parte de un ente solvente, la liquidación de la empresa o el pago de la garantía de depósitos y la solicitud de apertura del proceso concursal (solicitud de quiebra).

Ante la consulta de si se utilizará el fondo de garantía de depósitos, que cubrirá hasta ¢6 millones de los depósitos de las personas físicas y jurídicas en las cuentas que mantienen en las 41 supervisadas por la Sugef, el interventor comentó que dependerá de los resultados del proceso de intervención.

Este fondo, creado bajo la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Entidades Financieras de los Intermediarios Financieros, respalda todos los depósitos a la vista o a plazo fijo que tienen cada persona física o jurídica por entidad, cubriendo solo el monto principal y no los intereses.