Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó este miércoles las normas sobre un ambicioso proyecto de canal interoceánico de hace 12 años y derogó otra ley que concesionaba su construcción y manejo a un empresario chino.
La derogada ley 840 otorgó en el 2013 la planeación, construcción y manejo de un cauce interoceánico, que competiría con el Canal de Panamá, al grupo chino Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), de propiedad del empresario chino Wang Jing, por un plazo de 50 años prorrogables.
El gobierno y el empresario chino realizaron en diciembre de 2014 un acto para marcar el inicio de la construcción del canal, pero las obras nunca avanzaron.
La reforma, propuesta por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada unánimemente por la Asamblea, dominada por el oficialismo, para “fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional”, dijo la vicepresidenta de la Asamblea, Raquel Dixon.
El proyecto prevé un canal de unos 278 kilómetros de longitud, con entradas en el río Brito en la costa del Pacífico y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe. La vía atravesaría el Lago Nicaragua, el mayor de Centroamérica.
El Canal de Panamá, que mueve el 6% del comercio marítimo mundial, solo tiene 80 km.
El proyecto de construcción del canal nicaragüense, valorado en unos 50.000 millones de dólares, fue recibido con gran escepticismo sobre su factibilidad y con dudas acerca de quién financiaría la obra, los daños que podría causar al Lago de Nicaragua y cuánta tierra debía ser expropiada.
“Se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua”, indicó Dixon al leer la iniciativa de ley enviada por Ortega al congreso.
“Dentro de esos cambios, es necesario adecuar la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal”, según el texto. Como parte de la reforma, los diputados derogaron también la Ley 840 de 2013.
La Autoridad del Canal tendría una directiva de seis miembros, pero a partir de la reforma estará encabezada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, todos funcionarios del gobierno, explicó el diputado Wilfredo Navarro.
“La Dirección de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua está facultada para coordinar con las autoridades competentes del Gobierno de Nicaragua todo lo relativo a la planificación y operación de El Gran Canal de Nicaragua”, dice la nueva ley.
La pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, arremeten contra la sociedad nicaragüense tras las revueltas en el 2018. La dictadura de Ortega cerró, hasta el momento, unas 3.500 ONG desde ese año. (JAIRO CAJINA/AFP)
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